PLATAFORMA AFECTAD@S AYUDAS A LA VIVIENDA

La ASSOCIACIÓ IMPAGATS HABITATGE CV aúna ciudadan@s de la Comunitat Valenciana con el fin de reclamar a la Administración el cumplimiento de sus obligaciones legales con la vivienda protegida

JOAN BALDOVÍ (COMPROMÍS-EQUO) PRESENTA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS UNA PNL A FAVOR DE LOS AFECTADOS SUBSIDIACIÓN

Baldovi

JOAN BALDOVÍ (COMPROMÍS-EQUO) PRESENTA EN LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS UNA PROPOSICIÓN NO DE LEY PARA EXIGIR AL GOBIERNO QUE RETIRE LOS CRITERIOS INTERPRETATIVOS Y QUE CONCEDA 6 MESES PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUD PARA AQUELLOS QUE FUERON MALINFORMADOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LOS BANCOS.

AGRADECEMOS AL DIPUTADO DE COMPROMÍS-EQUO LAS DIFERENTES INICIATIVAS PRESENTADAS EN EL CONGRESO A FAVOR DE LOS AFECTADOS.

DENUNCIAMOS QUE “ESTE VERANO”, MIENTRAS MILES DE AFECTADOS VALENCIANOS NO PUEDEN HACER FRENTE A SUS HIPOTECAS Y TIENEN QUE METERSE EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES PARA DEFENDER SU DERECHO A LA SUBSIDIACIÓN, EL MINISTERIO SE HAYA IDO YA DE VACACIONES… Y EL CONSELL SE HAYA ECHADO A DORMIR LA SIESTA ESTIVAL. ¡¡ES INDECENTE!! ESPECIALMENTE DESPUÉS DE HABER ANUNCIADO QUE CAMBIARÍA LOS CRITERIOS.

Aquí os pasamos la proposición no de ley de Compromís-Equo:

A la Mesa del Congreso de los Diputados El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre -subsidiación+ de viviendas, para su debate en la Comisión de Fomento. Exposición de motivos A pesar de que el artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada como principio programático, y así dispone la consiguiente obligación de los poderes públicos de actuar para dar contenido material a este mandato promoviendo las Página 29 condiciones necesarias y estableciendo las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, los continuos desahucios demuestran que las medidas adoptadas por los sucesivos gobiernos no han garantizado el acceso a este derecho fundamental para garantizar una vida digna. El derecho a la vivienda tiene su reflejo en distintos instrumentos internacionales de reconocimiento de derechos humanos, como la Carta Social Europea: “Artículo 31. Derecho a la vivienda. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda, las partes se comprometen a adoptar medidas destinadas: 1. A favorecer el acceso a la vivienda de un nivel suficiente. 2. A prevenir y paliar la situación de carencia de hogar con vistas a eliminar progresivamente dicha situación. 3. A hacer asequible el precio de las viviendas a las personas que no dispongan de recursos suficientes.” La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea: “Artículo 34.3. Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho Comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales.” Y la Declaración universal de los Derechos humanos: “Artículo 25.1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia medica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de perdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.” Las ayudas públicas reguladas en los sucesivos planes estatales de vivienda han mantenido a lo largo del tiempo un carácter unitario y constante, siendo complementadas por las ayudas adicionales establecidas por las Comunidades Autónomas en su propio ámbito competencial. Entre estas ayudas se encuentra la -subsidiación+ de préstamos cualificados, consistente en el abono por el Ministerio de Fomento (o por los departamentos ministeriales en cada momento competentes para ello) de un porcentaje de las cuotas de amortización del préstamo al que se refiere la ayuda. En estos términos se ha venido regulando la -subsidiación+ de préstamos cualificados para viviendas protegidas en sucesivas normas coincidentes generalmente con la aprobación de los planes estatales de vivienda, pudiendo citarse como normas promulgadas con dicho fin el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005, el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, y el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. Los beneficiarios de estas ayudas son ciudadanos que, por su situación económico-social, han cumplido unas estrictas condiciones establecidas en los planes de vivienda para poder optar a estas ayudas. En esta situación, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su artículo 35, suprimió las nuevas concesiones de ayudas de -subsidiación+ de préstamos del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, con la siguiente redacción “Así mismo no se reconocerán aquellas solicitudes que estén en tramitación y que no hayan sido objeto de concesión por parte de la comunidad autónoma”. No obstante, con esta disposición debían quedar vigentes en toda su integridad las ayudas concedidas hasta esa fecha, por cuanto el precepto se refería claramente a las que no hubieran sido objeto de concesión. Página 30 La Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, en su disposición adicional segunda, viene a subvertir la situación jurídica de las ayudas ya concedidas al disponer que las renovaciones o prórrogas de las ayudas referidas, incluso de aquellas que según la norma explicita habrían sido ya concedidas, quedan suprimidas y sin efectos y no se admiten en lo sucesivo a pesar de estar expresamente previstas en la legislación en cuya virtud se reconocieron. A muchos ciudadanos se les ha impedido el acceso al registro de las solicitudes de prórroga de la -subsidiación+ . Cincuenta diputados en representación del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados presentaron Recurso de inconstitucionalidad contra la Disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas (publicada en el Boletín Oficial del Estado número 134, de 5 de junio de 2013), el 5 de septiembre de 2013. La Defensora del Pueblo en su informe anual 2013, formula recomendaciones a este respecto y también el Síndic de Greuges en informe remitido el pasado mes de marzo a la Coordinadora de plataformas de afectados por la supresión de la -subsidiación+ de préstamos VPO/VPP. La derogación de estas ayudas ha generado inseguridad jurídica a miles de ciudadanos que confiaron de buena fe en la Administración pública, y les amparan en sus respectivos informes la Defensora del Pueblo y las sentencias reiteradas por los juzgados de lo contencioso de todas las provincias valencianas y en los demás juzgados de lo Contencioso y Tribunales Superiores de Justicia de todo el Estado. Muy recientemente la Ministra de Fomento en sede parlamentaria, ha señalado que se va a proceder al pago de todas las subsidiaciones acogidas a todos los planes estatales de vivienda anteriores al plan de vivienda 2009/2012. Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente Proposición no de Ley “El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: a) Realizar las modificaciones legislativas necesarias para mantener la vigencia de la -subsidiación+ de préstamos cualificados para la adquisición de vivienda de protección oficial. b) Acordar la revisión y revocación de las resoluciones por las que se hubieren denegado las solicitudes o prórrogas de ayuda a la -subsidiación+ de vivienda de protección oficial de los planes estatales de vivienda anteriores al plan estatal de vivienda 2009/2012, anulando las mismas por ser contrarias a Derecho. c) Dictar, en breve, nuevas resoluciones favorables en las que se estimen las prórrogas, y de esta manera, evitar a los afectados acudir a los juzgados y causarles mayores perjuicios económicos. d) Abrir un periodo administrativo extraordinario de seis meses, para que todos los ciudadanos que cumplían los requisitos de prórroga de las subsidiaciones de los planes estatales de vivienda anteriores al plan 2009/2012, puedan presentar la solicitud y se proceda a la concesión de las prórrogas a las que tienen derecho. El Gobierno dará cuenta a estas Cortes del cumplimiento de la presente resolución, en el plazo máximo de un mes.” Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2014.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Rosana Pérez Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. PNL de Baldoví

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Esta entrada fue publicada en 10 julio, 2014 por en Ayudas, Compromís, Coordinadora Nacional de Afectados, Ministerio de Fomento, Subsidiación y etiquetada con , , .

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