PLATAFORMA AFECTAD@S AYUDAS A LA VIVIENDA

La ASSOCIACIÓ IMPAGATS HABITATGE CV aúna ciudadan@s de la Comunitat Valenciana con el fin de reclamar a la Administración el cumplimiento de sus obligaciones legales con la vivienda protegida

LOS AFECTADOS DE AYUDAS A LA VIVIENDA ACUDIMOS AL PLENO EN LES CORTS PARA VER SI SE APRUEBA UNA COMISION DE INVESTIGACION SOBRE LAS AYUDAS DE VIVIENDA POR LA CONSELLERA BONIG

LOS AFECTADOS ACUDIMOS INVITADOS POR LOS PARTIDOS DE
LA OPOSICION, QUIENES PROPUSIERON LA APROBACIÓN DE LA
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA
GESTION DE LAS AYUDAS A LA VIVIENDA.

(VALENCIA, 07/02/2015) La Asociación de afectados por impagos de ayudas
hemos asistido al Pleno en Les Corts el pasado día 5 de Febrero, invitados
por Compromís, PSOE e Izquierda Unida, ya que iban a proponer la creación
de una comisión de investigación para averiguar la gestión de la Consellera
Bonig a la hora de gestionar las ayudas a la vivienda, que ha llevado a que
seamos más de 50.000 afectados por impagos desde el año 2009.

Fran Ferri, diputado de Compromís, critica la mala gestión y la irresponsabilidad
de las ayudas concedidas por la Conselleria de Bonig, ya que se han concedido
270 millones de euros sin tener siquiera partida presupuestaria para
ello, tildando esta gestión de incompetente y vulnerando nuestros derechos.
Además comenta que la Sindicatura de Cuentas, tras investigar la concesión
de ayudas, constató el caos que el Partido Popular generó a más de 50.000
afectados que somos con unas ayudas sin contabilizar y sin partida presupuestaria
destinada a ello. En esos 270 millones de euros que se nos debe,
están además los afectados por la 501, que no saben ni siquiera “si cobrarán”.
Comenta además, sobre la vía judicial, hay más de 60 sentencias pero recuerda
que hay más de 300 procesos abiertos pendientes de sentencia. Con todo
ello, considera que es necesaria la creación de una comisión de investigación
para resolver las siguientes preguntas : Quién y Por qué han concedido ayudas
sin tener crédito, Quién y Por qué han generado una deuda de alrededor
de 270 millones de euros, Quién y Por qué se han concedido las ayudas fantasma
a más de 50.000 personas.

Ante nuestro asombro más absoluto, Elisa Díaz, diputada del PP, contesta
que no hay nada que investigar y que está todo claro, y nos deja claro a los
asistentes que NO VAN A APROBAR LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE
INVESTIGACIÓN. Aún tiene la desfachatez de añadir que el PP prioriza la
ayuda de los que más lo necesitan y que están pagando las ayudas POR ORDEN
DE PRELACIÓN, cosa que nos consta que no es cierta, ya que son muchos
los afectados que son de 2009 y no han cobrado todavía.

Por su parte, Mª José Salvador, diputada por el PSOE, pregunta a Díaz si es
normal que hayamos tenido que acudir a la Vía Judicial para cobrar nuestras
ayudas y que, seguramente, no pensarían que crearíamos una plataforma y
que llegaríamos a donde hemos llegado teniendo de nuestra parte, como no
podía ser de otra manera, al Síndic de Greuges y al Síndic de Comptes. Les
echa en cara además que se afanaron por pagar a los bancos y a las promotoras,
sin embargo, los afectados estamos siendo los últimos en cobrar. Le
insta que, ante la negativa de votar que sí a la creación de la comisión para investigar
toda la problemática de las ayudas, que explique en el pleno porqué
no siguen el orden de prelación y todas las cuestiones planteadas. Le recuerda
que además, la Comisión Europea también está investigando el tema de
las ayudas y le dice que si estuviéramos en un Parlamento “mínimamente normal”
habrían cesado a Isabel Bonig por incompetente.

Elisa Díaz sigue defendiendo la “buena gestión” de la consellera Bonig y contesta
que las ayudas no prescriben y además, que están reconocidas, cosa
nada nueva para nosotros. Por otro lado, aludiendo a MªJosé Salvador, dice
que a “todos hay que pagar y atender y que han pagado primero a quién más
lo necesitaba”. Por su parte, desde el punto de vista de Izquierda Unida, pregunta
a Elisa Díaz porqué el gobierno valenciano no ha pagado todavía a los
afectados y porqué no hemos cobrado una deuda reconocida.

Por último, Mª José Salvador vuelve a intervenir y comenta que el impago de
ayudas comienza en 2009 y afecta al Plan de Vivienda 2009-2012 y al plan
anterior. Comenta que García Antón se comprometió en 2009 en un Plan de
Vivienda donde invertiría 400 millones de €, sin embargo, comenta que el gobierno
valenciano empezó a conceder más ayudas que dinero estaba presupuestado
y que en 2011 su grupo político descubrió que la deuda ascendía a
240 millones ante la pasividad absoluta del Consell, provocando una situación
más que difícil para más de 50.000 familias afectadas por la desidia de nuestros
gobernantes. Además les acusa de habernos colocado en un limbo, ya
que además, no han sido respetados ni la Ley de Hacienda Pública, ni la Ley
de Procedimiento Administrativo ni la Ley General de Subvenciones. No contentos
con la gran problemática y siempre en nuestro detrimento, en Septiembre
del año 2012, dictan la orden 19/2013, dando lugar a una nueva resolución,
la 501, resoluciones “fantasma” en el que no se reconoce la ayuda, sino
que se reconoce “el derecho a la ayuda”, llama la atención porque va ligado
este derecho a que haya crédito presupuestario, aunque en realidad, nos en-
contramos todos los afectados bajo este yugo gracias a la gestión del Consell,
esto hace que el Consell nos deba a los afectados alrededor de 270 millones
de euros. Además, comentan que los afectados hemos tenido que organizarnos
debido al pasotismo de la administración y para reclamar nuestros derechos,
acudiendo a la vía judicial, donde ya están habiendo sentencias favorables
a los afectados.

Una vez finalizada nuestra “visita” al pleno, seguimos siendo conscientes de
que es una falta de respeto la actitud de la portavoz del gobierno valenciano,
Elisa Díaz, donde mucho ha hablado y poco nos ha comunicado para aliviar el
problema tan grave como es el impago de nuestras ayudas. Por lo que todo
nos lleva a seguir en nuestro camino para que sean los jueces los que por fin
les hagan hacer valer nuestros derechos.

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