PLATAFORMA AFECTAD@S AYUDAS A LA VIVIENDA

La ASSOCIACIÓ IMPAGATS HABITATGE CV aúna ciudadan@s de la Comunitat Valenciana con el fin de reclamar a la Administración el cumplimiento de sus obligaciones legales con la vivienda protegida

EL TC CONDENA A 20.000 VALENCIANOS Y EXIME A RAJOY DE PRORROGAR LA SUBSIDIACIÓN VPO

UNOS 20.000 VALENCIANOS AFECTADOS POR LA SENTENCIA INJUSTA Y ANTISOCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

LA SENTENCIA DEL TC ES “INJUSTA” PORQUE AUTORIZA AL GOBIERNO A CAMBIAR LAS REGLAS DE JUEGO EN CONTRA DE LOS CIUDADANOS, IGNORANDO EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA. TAMBIÉN ES “ANTISOCIAL” PUES NO TIENE EN CUENTA LA ORIENTACIÓN SOCIAL DE LOS DERECHOS QUE NOS RECONOCE LA CONSTITUCIÓN.

La sentencia del TC no hace justicia: si hubiéramos sabido que el Gobierno se iba a autoeximir de prorrogar las ayudas, no nos hubiéramos embarcado en comprar una vivienda en época de precios de burbuja. Los afectados cumplimos unas condiciones socioeconómicas limitadas reguladas en los planes de vivienda y, por eso, la única manera que entonces teníamos de acceder a una vivienda era contando con esas ayudas que ahora nos quitan. El Gobierno falta a la confianza legítima entre las partes.

Los afectados nos sentimos doblemente traicionados por el Gobierno y ahora por el Constitucional: el Gobierno deja de cumplir su parte de contrato, pero nosotros seguimos cumpliendo lo que fijaba el plan de vivienda, asumiendo ahora completamente unas cargas hipotecarias de una época de precios de burbuja y sin poder vender o alquilar en caso de necesidad. Nos han colocado entre la espada y la pared, y sin salida.

El TC ignora las condiciones socioeconómicas de los afectados, reconocidas en los planes de vivienda, a los que debería proteger de la injusta acción del Gobierno: los afectados compramos nuestra vivienda en una época de precios de burbuja, a la que sólo podíamos acceder mediante estas ayudas.

Como denuncia el voto particular discrepante, la crisis económica no puede servir de excusa para privar de la prórroga “a quien ha adoptado una decisión económica, como es la de pedir un préstamo hipotecario, confiando en que iba a obtener un subsidio para pagar parte de los intereses […]. El perjuicio que esto puede ocasionar a los beneficiarios […], en un asunto de gran sensibilidad social, no se puede justificar en las ventajas para la economía general […], dada la mínima incidencia que la supresión de estas prórrogas puede tener en la mejora de la economía” (pág. 112404).

 

 

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